La Fiscalía General de la Nación recibió la denuncia de una paciente en Jamundí (Valle del Cauca), a quien le entregaron un medicamento para tratar un cáncer de médula que padece. El producto, cuyo costo comercial ascendía a $7’000.000, no generó los efectos esperados, por lo que la mujer indicó que podría ser adulterado. 

Ante este reporte, investigadores del Grupo de Propiedad Intelectual de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos de la Fiscalía reconstruyeron la ruta del medicamento suministrado a la denunciante para establecer su origen y verdadera composición. 

En las verificaciones se constató que correspondería a un tratamiento vencido, que fue transportado sin las medidas básicas de conservación y al que presuntamente le fueron alterados las fechas de expiración y otros registros para ponerlo a la venta. 

El material de prueba permitió identificar a una red ilegal que sería la responsable de esta actividad ilegal. 13 de los presuntos integrantes fueron capturados en diligencias realizadas por personal de Policía judicial (CTI) de la Fiscalía, con apoyo del Batallón de Policía Militar N° 2 del Ejército Nacional y unidades de la Policía Nacional en Barranquilla, Soledad, Malambo, Puerto Colombia y Galapa (Atlántico), y Manizales (Caldas). 

Simultáneamente, se realizaron 19 diligencias de registro y allanamiento en las sedes de dos distribuidoras farmacéuticas, cinco droguerías, bodegas e inmuebles en la Costa Atlántica. En los procedimientos fue incautada más de una tonelada de medicamentos para el cáncer, VIH – Sida, hemofilia, diabetes, artritis y otras enfermedades de alto costo. El valor de estos tratamientos por unidad podría alcanzar los $15’000.000.

También se encontraron analgésicos, antivirales, anticonceptivos, antialérgicos, antibióticos, suplementos nutricionales pediátricos y una importante cantidad de productos de uso exclusivo de las EPS. 

Las personas detenidas harían parte de la línea ilícita de comercialización. Están quienes, supuestamente, adecuaban las cajas o empaques, y borraban los registros y fechas de expiración; así como la propietaria de una cadena de distribución de medicamentos en Barranquilla. Una fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos les imputará los delitos de:

- Corrupción de alimentos, productos, medicamentos o material profiláctico. 

- Usurpación de derechos de propiedad industrial (marcas). 

- Concierto para delinquir. 

- Enajenación ilegal de medicamentos.

Ruta ilegal 

Las investigaciones dan cuenta de que esta estructura, al parecer, obtenía medicamentos vencidos y descompuestos de diferentes puntos del país, o los traían de Venezuela y Ecuador. Posteriormente, eran trasladados a centros de acopio en la Costa Atlántica donde los modificaban y alteraban en su presentación para darles la apariencia de un producto apto para el consumo. 

Algunos de los señalados integrantes se encargaban de constituir empresas, contratar con diferentes entidades de salud y asumir la distribución de los medicamentos a los usuarios. De esta manera habrían llegado a diferentes ciudades del país, como ocurrió con la paciente de Jamundí (Valle del Cauca). 

También hay indicios de la comercialización en droguerías de barrio y de envíos por encargo o encomiendas, a través de buses de servicio público. De esta manera alcanzaron una cobertura ilegal nacional.